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Colombia confronta el legado del conflicto armado en una audiencia sobre el caso de los ‘falsos positivos’

Fue un momento que muchos colombianos creyeron que nunca verían.

Un general del ejército y otras diez personas reconocieron esta semana haber cometido crímenes de guerra y de lesa humanidad en los testimonios ofrecidos durante una audiencia de dos días. La declaración, la primera en su tipo, sucedió en un tribunal especial establecido para confrontar el legado del desolador conflicto armado de Colombia.

Sentado en un escenario en un teatro en Ocaña, un pequeño municipio al norte de Colombia que fue escenario de muchos de los crímenes, el general, otros nueve funcionarios militares y un civil admitieron haber orquestado la muerte de al menos 120 civiles y de intentar presentarlo como combatientes rebeldes durante un caso que se conoce como los “falsos positivos”.

Las ejecuciones, que se usaron para fortalecer el discurso de que el país estaba ganando en el conflicto, se han convertido en uno de los más emblemáticos del traumático conflicto interno armado del país, que tiene su origen en los años sesenta del siglo pasado.

Los parientes de los fallecidos —muchos de ellos madres, padres y hermanos de jóvenes asesinados— llevan largo tiempo pidiendo transparencia. Y muchos de ellos estaban sentados en el escenario, frente a los perpetradores durante su intervención.

“Les presento a ustedes mi arrepentimiento por no haber actuado más diligentemente, ofrezco mi solidaridad y concurso para procurar restaurar el daño y el dolor causado. Quiero expresarles que siento un gran remordimiento que lacera, me lacera el alma”, dijo el general retirado Paulino Coronado Gámez durante la audiencia. “Sé que afectamos a las familias enteras, padres, madres, hijos, nietos. Los dejamos y dejamos un gran vacío”, añadió.

El reconocimiento público de culpabilidad fue organizado por la Jurisdicción Especial para la Paz, un tribunal creado como parte del acuerdo de paz de 2016 celebrado entre el gobierno colombiano y el mayor grupo rebelde del país, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia o FARC.

Frente a la sede de la Jurisdicción Especial para la Paz en Bogotá, un grupo de personas pintó el año pasado siluetas que representan a las víctimas del caso de los “falsos positivos”.Credit…Juan Barreto/Agence France-Presse — Getty Images

Este proceso es parte de una serie de esfuerzos más amplios en todo el mundo que tienen la finalidad de atender las violaciones sistemáticas a los derechos humanos a través de un proceso conocido como justicia transicional y se basa en procesos similares de verdad y reconciliación realizados en países como en Argentina después de la dictadura de los años ochenta y en Sudáfrica después del apartheid en los años noventa.

La audiencia, según funcionarios de la corte colombianos, marca la primera vez que los perpetradores han admitido haber cometido crímenes de guerra y de lesa humanidad como resultado del tribunal creado por el acuerdo de paz.

El reconocimiento de dichos crímenes suele ser inusual —y los conflictos persisten— debido a que los perpetradores temen ser encarcelados mientras que las víctimas aseguran que ofrecer una amnistía generalizada sería injusto.

Eduardo González, experto en justicia transicional residenciado en Perú, dijo que las audiencias colombianas muestran que hay una tercera vía, un modo de emplear el sistema de justicia para extraer confesiones e imponer un castigo menor que penas de prisión de décadas.

“Creo que va a ser un modelo a mirar en otros conflictos”, dijo.

En el tribunal colombiano, quienes admiten cometer crímenes no recibirán sentencias de prisión sino que se les asignan medidas restaurativas, como prisión domiciliaria o trabajo. Parte del proceso es encarar a sus víctimas.

Aun así, las sentencias alternativas, que constituyen uno de los principios elementales del tribunal, han sido criticadas por algunos colombianos, que las consideran demasiado permisivas con los criminales de guerra.

Durante la audiencia, los funcionarios militares vistieron ropa de civil, a pesar de los pedidos de algunas víctimas de que llevaran sus uniformes. Los familiares de los fallecidos vistieron camisetas negras con la leyenda: “¿Quién dio la orden?”.

En ambos lados, hubo personas que lloraron una y otra vez.

Las familias de las víctimas escuchaban los testimonios durante la audiencia del martes.Credit…Schneyder Mendoza/Agence France-Presse — Getty Images

En sus declaraciones, los oficiales contaron que habían participado en una estrategia deliberada en la que reclutaron a colombianos de a pie, muchos de ellos estudiantes y campesinos pobres, con la promesa de empleos, y luego los mataron y reportaron los fallecimientos como bajas en combate.

“Y hoy el mundo quiero que sepa que eran campesinos”, dijo Néstor Guillermo Gutiérrez, quien fue cabo en el ejército, “que yo, como miembro de la fuerza pública, asesiné cobardemente, le arrebaté la ilusión a sus hijos, le desgarré el corazón a sus madres por una presión, por unos resultados, por unos falsos resultados, por tener contento a un gobierno. No es justo”.

Los magistrados del tribunal consideran que sus víctimas son solo una pequeña fracción de las personas que fueron ejecutadas entre 2002 y 2008, durante la presidencia de Álvaro Uribe, como parte de la estrategia de los falsos positivos. En total, el tribunal aseguró en un informe de investigación reciente que el ejército es responsable de la muerte de 6402 civiles que se presentaron como rebeldes.

Durante años, muchos colombianos han exigido saber quién fue la figura de más rango con conocimiento del esquema, quién fue la figura más encumbrada en orquestarlo y por qué Uribe no lo detuvo.

Ya en 2005, grupos de derechos humanos y la oficina de derechos humanos de las Naciones Unidas han dado la alarma sobre muertes sospechosas.

La audiencia no aclaró quién en última instancia fue el responsable de la estrategia. Pero el general Coronado es el oficial de más alto rango en admitir responsabilidades en el caso de los falsos positivos.

“Acepto que no cumplí con la primera lección que me dieron cuando ingresé a la escuela militar: el comandante responde por lo que hagan y dejen de hacer sus subalternos”, dijo en el tribunal. “Acepto mi responsabilidad por haberme desempeñado como superior jerárquico”.

Las audiencias también subrayan un nivel de coordinación institucional diseñada para encubrir la verdad.

“Trasnochamos haciendo documentación, cambiando documentación, borrando inclusive documentación”, dijo Juan Carlos Chaparro, un mayor retirado. “Y siempre, después de que ya todo estaba, mancillando el nombre de sus familiares tildándolos de lo que verdaderamente no eran. Porque las personas que llegaban al batallón eran personas de bien”.

Otro oficial militar, el sargento retirado Sandro Mauricio Pérez, dijo: “Me llevó a terminar convirtiéndome en un asesino, un monstruo para la sociedad, represento para algunos de ustedes una máquina de muerte”.

Los investigadores del tribunal especial están analizando otras muertes y podrían darse más imputaciones.

Un mural sobre los falsos positivos en Bogotá el año pasadoCredit…Mauricio Dueñas Castañeda/EPA vía Shutterstock

Varios de los familiares de los fallecidos mencionaron en la audiencia que solo recibían justicia parcial. Reconocieron que estaban enterándose de parte de la verdad, pero no de la verdad completa, que los perpetradores estaban admitiendo responsabilidad pero que quienes dieron las órdenes también debían ser llamados a responder por sus actos.

“No vengo a hablar por mi hijo, sino por miles de víctimas”, dijo Carmenza Gómez, madre de Víctor Gómez, desaparecido en 2008 y hallado muerto días después en Ocaña cuando apenas tenía 23 años.

“Nosotros sabemos que detrás de ustedes vienen personajes muy grandes”, dijo Gómez. “Necesitamos nombres”.

El caso de los falsos positivos es solo uno de muchos crímenes que el tribunal examina. El año pasado, los magistrados procesaron a ocho exlíderes de las FARC, acusados de organizar una operación de secuestros para cobrar rescates que tuvo más de 20.000 víctimas, algunas de las cuales fueron violadas o asesinadas. Los secuestros, según la acusación, constituyen crímenes de lesa humanidad.

Los antiguos líderes guerrilleros de la FARC han admitido su culpabilidad y participarán en una audiencia pública similar en los meses siguientes.

Las sentencias, en ambos casos, se darán más adelante. En los próximos meses se publicará un reporte más amplio sobre los hechos de la guerra, compilado por una comisión de verdad.

El conflicto de Colombia con las FARC inició en los años sesenta, cuando dos líderes comunistas declararon una rebelión contra el Estado y prometieron la transformación de una sociedad profundamente desigual.

Integrantes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), un grupo guerrillero que luchó contra el gobierno durante medio siglo.Credit…Federico Rios para The New York Times

El conflicto, que duró décadas y contó con la participación de guerrillas de izquierda, paramilitares de derecha, el ejército, los carteles del narcotráfico y Estados Unidos, que brindó consejo y equipamiento al ejército, tuvo un saldo de al menos a 220.000 personas fallecidas y desplazó a más de cinco millones.

El enfrentamiento entre las FARC y el gobierno terminó en 2016, cuando ambos bandos firmaron el acuerdo de paz. Pero a pesar del acuerdo, muchas zonas del país siguen sin tener una presencia significativa del Estado, una situación que ha favorecido el surgimiento de nuevos grupos armados.

La idea es que la Jurisdicción Especial para la Paz ayude al país a establecer un relato común sobre los sucesos del conflicto y abrir la puerta a un nuevo comienzo.

“Que no se repita más”, dijo Gutiérrez, el cabo retirado, en su testimonio.

Refiriéndose a las familias que fueron sus víctimas, dijo: “Imagínese, llegaba la guerrilla, los golpeaba, llegaban los paramilitares, los golpeaban y llegamos el ejército de esa época y ellos confiaban en nosotros. Los engañamos, les mentimos y les asesinamos sus familias. Dios me perdone”.

Julie Turkewitz es jefa del buró de los Andes, que cubre Colombia, Venezuela, Bolivia, Ecuador, Perú, Surinam y Guyana. Antes de mudarse a América del Sur, fue corresponsal de temas nacionales y cubrió el oeste de Estados Unidos. @julieturkewitz


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