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La presencia de los grupos armados ensombrece las elecciones colombianas

Se suponía que el acuerdo de paz de Colombia, firmado en 2016 por el gobierno y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, o FARC, sería el inicio de una nueva era de tranquilidad en un país que soportó más de cinco décadas de conflicto. El acuerdo consistía en que los rebeldes dejaran las armas, mientras que el gobierno inundaba las zonas de conflicto con oportunidades de trabajo, aliviando así la pobreza y la desigualdad que originaron la guerra.

Pero, en muchos lugares, el gobierno nunca llegó. En vez de eso, numerosas zonas rurales de Colombia han vuelto a experimentar los asesinatos, los desplazamientos y una violencia que, en algunas regiones, ahora es tan grave, o peor, que antes del acuerdo.

Las masacres y los asesinatos de defensores de derechos humanos se han disparado desde 2016, según Naciones Unidas. Y el desplazamiento sigue siendo sorprendentemente alto, con 147.000 personas que el año pasado tuvieron que huir de sus hogares, según datos del gobierno.

No es porque las FARC, como fuerza de combate organizada, hayan regresado. Más bien, el vacío territorial que dejó la antigua insurgencia, y la ausencia de muchas de las reformas gubernamentales prometidas, han desencadenado un marasmo criminal a medida que se forman nuevos grupos, y los antiguos mutan, en una batalla por controlar las florecientes economías ilícitas.

Los críticos dicen que este nuevo ciclo de violencia es impulsado en parte por la falta de compromiso del gobierno con los programas en el acuerdo de paz. Y apaciguar la creciente inseguridad será una de las tareas más importantes y desafiantes de quien sea el próximo presidente del país.

El presidente de Colombia, Iván Duque, ha dicho que un tercio de las disposiciones del acuerdo ya se han aplicado en su totalidad, lo que sitúa al país en vías de completarlo dentro del plazo de 15 años. Sin embargo, Duque dejará el cargo en agosto tras una caída de sus índices de aprobación que, según muchos, refleja tanto la preocupación por la seguridad como la creciente frustración por la falta de empleos bien pagados.

“En el gobierno actual hay un problema de desaprovechar la oportunidad de un acuerdo”, dijo Marco Romero, director de Codhes, un grupo de derechos humanos, quien calificó el actual nivel de violencia como “escandaloso”.

Algunos expertos en seguridad advierten que si el gobierno no asume un papel más crucial en el combate a estas milicias y en el cumplimiento de las promesas del acuerdo, el país podría dirigirse hacia un estado más parecido a México —asolado por las bandas de narcotraficantes que se disputan el territorio— que a la Colombia de principios de este siglo.

“Hay un largo camino por recorrer para volver a 2002”, dijo Adam Isacson, director de supervisión de defensa en la Oficina de Washington para América Latina, refiriéndose al recuento de víctimas durante uno de los peores años de la guerra. “Pero ahora mismo estamos en ese camino”.

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